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La crisis económica que ha sufrido nuestro país desde hace años, cuyas consecuencias aún afectan directamente a las retribuciones de los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía, ha convertido a la seguridad pública en una de las profesiones peor retribuidas. Pese a las relevantes funciones que la Constitución Española atribuye a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, a las que encarga en su artículo 104 la protección del libre ejercicio de los derechos y libertades y el ser garantes de la seguridad ciudadana, la realidad es que las diferentes medidas de ajuste presupuestario han afectado, sin protección específica alguna, a nuestro poder adquisitivo.

 

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